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La exministra de Justicia fue elegida por el presidente Duque para reemplazar a Fernando Carrillo quien finaliza su periodo en el cargo este 15 de enero.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción este jueves al general retirado por un caso de presión contra otro oficial.
Expertos lamentan que los procesos de adquisición se adelanten a través de transacciones regidas por el derecho privado y abogan porque estas sean de público conocimiento.
Según el documento conocido por Noticias RCN, en octubre de 2019 solicitó dinero a la Cancillería para comprar una plancha de ropa por casi 2 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Invima informar sobre si está asegurada la existencia de medicamentos y jeringas para combatir el virus.
La Procuraduría indagará sobre ese contrato por $1.550 millones y vigilará más de 5.000 suscritos en 2020 por la Gobernación de San Andrés, varios firmados luego del huracán Iota.
Son siete las páginas del documento radicado por el procurador judicial y en el que se pide razones técnicas científicas para ordenar las pruebas PCR.
Por apelación de la Procuraduría, los generales (r) Argemiro Serna y Óscar Peláez Carmona serán investigados como los presuntos coautores del asesinato del líder político.
El 21 de marzo la cárcel, ubicada en Bogotá, estuvo en llamas. Un motín entre internos desembocó una batalla campal que dejó 24 internos muertos.
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad y negó la solicitud de suspensión provisional de su elección.
El procurador pide al ministro sostener un diálogo para exponer los aspectos técnicos que motivaron a la objeción al fallo de tutela sobre pruebas covid.
En Noticias RCN el procurador Fernando Carrillo habló sobre las críticas que ha despertado el proyecto de la reforma al código electoral.
La sanción impuesta por el ente de control inhabilita a siete uniformados por un periodo de 20 años. Los hechos fueron denunciados el pasado mes de junio por la menor.
La demandante es su ex esposa, Margarita Herrera, quien lo señaló de haber atentado contra su hija; una menor de 3 años.
El alcalde de Cartagena le respondió al ente de control luego de que éste lo citara a un juicio disciplinario por irrespetar a algunos funcionarios. Dau mantiene sus acusaciones.
El burgomaestre cartagenero se refirió a los funcionarios de la Universidad de Cartagena como "malandrines", "corruptos" y "nido de ratas".
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